El 26 de enero de 2016, el entonces Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, realizaba polémicas declaraciones sobre el terrorismo de Estado, afirmando que en Argentina "no hay treinta mil desaparecidos", y sosteniendo que "ese número se arregló en una mesa para conseguir subsidios", y aseguraba que la cifra era de "tan sólo siete mil". Esto al Sr. Lopérfido le costó nada menos que el cargo en el Ministerio de Cultura, luego de los innumerables escraches recibidos por la ciudadanía que por supuesto no estaba para nada conforme con sus declaraciones.
Un año después, el pasado 23 de enero, el Gobierno lanzó un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) en el que presentaba cambios en las ART y en el sistema de Feriados Nacionales. Este último cambio elimina los llamados Feriados Puente, creados por el anterior Gobierno con intención de fortalecer el turismo (y tuvo gran éxito, cabe destacar) y obliga, entre otras cosas, a que los feriados que caen martes o miércoles se adelanten al lunes previo, y los que caen jueves o viernes, sean trasladados al lunes siguiente a excepción de el 1° de Enero, Lunes y Martes de Carnaval, Viernes Santo, 1° de Mayo, 25 de Mayo, 9 de Julio, 8 de Diciembre y 25 de Diciembre. Esto, entonces, significaba que el viernes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado nacional, sería trasladado al lunes 27 de marzo. Claro que las protestas totalmente fundadas y el rechazo popular a la decisión gubernamental no tardaron en caer sobre el Ejecutivo y dicho feriado volvió a ser inamovible a raíz de otro DNU, que corregía el anteriormente mencionado.
Existen innumerables ejemplos que podemos dar. Sin ir más lejos, este mismo 24 de marzo pasado, el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se jactó de que el número de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura cívico militar "fue una construcción", y que "el número registrado es de 8571 personas".
No quedan dudas. Desde el Estado hay un plan sistemático de negación con el afán de instalar un número impreciso, irreal e injusto, desconociendo las atrocidades clandestinas que se llevaron a cabo en los campos de concentración a lo largo y ancho del país en esos años. Se abrazan a la cifra registrada y cual niño caprichoso se niegan a entender que la mayoría de estos actos (torturas y asesinatos) se cometieron en la clandestinidad. Es decir que no existen datos precisos sobre la amplia mayoría de los desaparecidos, más que los testimonios de familiares y amigos.
La propia dictadura reconoció que hasta 1978 la cifra de detenidos-desaparecidos era de veintidós mil. Luego se registran ocho mil quinientos. La cuenta no parece muy compleja. De todos modos desde el Estado se opta por atenerse a los registros, al papel, a la "prueba fehaciente" y así sacar del foco de la discusión la represión ilegal y clandestina de la dictadura.
